La Asamblea Revisora dio ayer importantes pasos atrás al crear en segunda lectura un Tribunal Constitucional independiente de la Suprema Corte y al modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura tal como proponían los líderes políticos Leonel Fernández, presidente de la República, y Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD.
En el marco de los debates los representantes del Partido Reformista Social Cristiano insistieron en que al variarse la composición del Consejo fueron violados la Constitución, los reglamentos internos y varias leyes. 169 asambleístas votaron a favor de variar el Consejo y 18 en contra. El cambio facilitaría la participación del PRD.
La Asamblea Revisora aprobó ayer, en segunda lectura, la creación de un Tribunal Constitucional y, mediante varias enmiendas a la integración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), dejó fuera de ese organismo a los reformistas para darle participación al Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
De inmediato, los voceros del bloque reformista, Ramón Rogelio Genao y Frank Martínez, afirmaron que la decisión es nula porque violó la Constitución vigente, varias leyes y el reglamento de la Asamblea.
En consecuencia, advirtieron que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) incoará una demanda en inconstitucionalidad de la decisión ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Leonel-Miguel. El Tribunal Constitucional, así como la variación de la integración del CNM, fueron aprobados en base al acuerdo entre el presidente Leonel Fernández y el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado.
Esta instancia, cuyas decisiones serán definitivas e irrevocables, según el artículo 189, será competente para conocer, en única instancia las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancias del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados “y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido”.
Se pronunciará también sobre el control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo.
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